Juicio en España por el despido de 2.000 moderadores de contenido que trabajaban para Meta
Un sindicato minoritario pidió este martes ante un tribunal de Barcelona que se anule el despido de 2.000 moderadores de contenido que trabajaban para una empresa contratada por Meta en España, alegando que se trató de una "represalia", mientras la compañía asegura que obedeció únicamente a motivos económicos.
La demanda, presentada por el sindicato Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores (Fist), va dirigida, entre otros, contra la empresa canadiense Telus International, que operaba en España con su filial CCC Barcelona Digital Services, así como contra Meta, la matriz de Facebook e Instagram.
El sindicato considera que decidieron concluir su operativa en Barcelona el año pasado, y despedir a unos 2.000 moderadores de contenido, "como ataque y represalia al ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores".
Según el texto, más de la mitad de los despedidos habían iniciado acciones judiciales denunciando presunta "discriminación salarial" por lengua y procedencia, ya que el sueldo de los moderadores variaba según su idioma de trabajo.
A ello se sumó, según el sindicato, el goteo de acciones promovidas por algunos empleados, que denunciaron los daños psicológicos que les causó la exposición reiterada a contenidos violentos.
Durante la vista celebrada este martes, las abogadas de las empresas defendieron, sin embargo, que se trató únicamente de una decisión de carácter económico, tomada por CCC después de que su cliente Meta le comunicara la rescisión del contrato que implicaba a Barcelona.
Igualmente, aseguraron que eran compañías diferentes, y no un "entramado societario", como alega Fist.
"La relación entre Meta y CCC es puramente mercantil", afirmó durante la vista Paula Talavera, abogada de la filial irlandesa de Meta.
El centro de CCC Barcelona Digital Services estaba operativo desde 2018. Sus moderadores, instalados en la moderna torre de Glòries, revisaban contenidos en español, catalán, francés, neerlandés, hebreo o portugués.
En abril del año pasado, los empleados fueron notificados de que se activaría un expediente de regulación de empleo a gran parte de la plantilla al haberse extinguido el contrato con Meta. Finalmente, fueron despedidos 2.062 trabajadores, que fueron indemnizados con las cantidades pactadas con los sindicatos mayoritarios, entre los que no estaba Fist.
Pero los demandantes consideran que este no fue el motivo real, ya que Telus sigue prestando servicios, según afirman, desde otros puntos de Europa. Por ello, piden que se declare la nulidad de los despidos y se readmita a la plantilla.
El tribunal debe deliberar ahora una decisión que no tiene plazo para ser comunicada.
F.Eklund--StDgbl